McMenemy, David

Library Review, Vol. 58, n. 2, 2009

Las bibliotecas públicas, al estar sustentadas por dinero público, deben asegurarse de proporcionar acceso a una colección que sea adecuada a todos los ciudadanos. El debate surge cuando aparecen leyes como la Ley del Terrorismo del Reino Unido en 2006 que sanciona a los bibliotecarios que ofrezcan acceso a material considerado extremista en la ley. Considera, además, ilegal e imprudente por parte del bibliotecario difundir material que promueva el terrorismo. El bibliotecario podrá tener apoyo si puede demostrar que la publicación terrorista no expresa su opinión. Este asunto afecta directamente a las bibliotecas públicas puesto que influye en los procesos de selección de materiales y en los servicios ofrecidos a los usuarios. A pesar de que el objetivo de la ley sea reducir el terrorismo y salvar vidas, se trata de una cultura de censura y una afrenta a una nación democrática. La censura puede consistir en una sutil presión o en campañas gubernamentales. También puede darse la autocensura, que puede ser por exceso de precaución o bien por motivos políticos. Resulta irónico que hace veinte años la legislación promoviera lo contrario: asegurar que las bibliotecas ofrecían todo tipo de materiales sin presión política. El artículo nos pone como ejemplo varios libros que fueron de los más cuestionados durante 2007. Es difícil saber qué libro o material puede incitar a una persona a hacer un acto terrorista, puesto que algunos lo tratan abiertamente mientras muchos otros se dejan a la interpretación del usuario. Por tanto, la solución no es negar el acceso a las ideas, ni sancionarlas, ni prohibirlas, sino asegurar un equilibrio en los fondos.

Resumen elaborado por : Isabel Mª Domingo Montesinos