Luis Fernando Ramos-Simón

Revista española de documentación científica, ISSN 0210-0614, Vol. 40, n. 3, 2017

El uso de datos de todo tipo crece cada año, al mismo tiempo que los dispositivos de recogida de datos y el uso de redes. Además, los procesos de digitalización han dado acceso a gran cantidad de información. Los datos, recogidos a través de diferentes métodos y herramientas, dan lugar a nuevas actividades de análisis de la información, lo que también crea problemas legales. Este estudio muestra cómo frente a obras alternativas, las licencias son instrumentos sencillos y prácticos para satisfacer las necesidades de usuarios y reutilizadores.

La minería de datos designa el uso de tecnología para detectar información procesable y sacarle rendimiento. Más reciente es la minería de textos (2004, Google Books). También se analizan imágenes, vídeos y sonidos. La novedad es que la indexación y tratamiento pueden beneficiar a los creadores. El dato por sí mismo no tiene valor, para su tratamiento y gestión se organizan en conjuntos do bases de datos, que se pueden dividir en cuatro categorías: bases de datos originales, amparados por derecho “sui géneris”, púbicos y personales. El acceso, uso y reutilización se regula por leyes, contratos y licencias. Hay posturas opuestas sobre el acceso y uso permitido a la información en Internet, pero se abre paso la idea de permitir ciertos usos, al menos los que tienen como finalidad la investigación. La excepción legal que permite una utilización menos restringida ofrecería más seguridad. Pero es una solución lenta. Por el contrario, las licencias son una solución sencilla. La aparición de Creative Commons (2003) y Open Knowledge Foundation (2004) han impulsado las licencias abiertas, capaces de indicar de forma simple derechos, permisos y restricciones. En el ámbito científico muchas organizaciones han optado por poner los datos en libre disposición. De igual manera, en el sector público hay conciencia de que la información es una fuente de progreso y riqueza, por lo que es necesario poner a disposición de los ciudadanos los datos generados por el sector público. Tanto la UE como la OCDE han impulsado estas prácticas. En los portales gubernamentales de los países con mayor apertura de datos, las licencias estándar tienen casi plena aceptación, siendo las que más facilitan el libre uso de datos (PPDL y CC0) las que mejor se adaptan al entorno de datos abiertos.

Resumen elaborado por Antonio Rodríguez Vela