Tras una estancia breve en Zaragoza y cuatro años en San Sebastián, volvió a Madrid, destinada al Ministerio de Instrucción Pública. En la capital trabajó como mecanógrafa, traductora de la editorial Calpe y secretaria en el periódico La Tribuna. Este puesto hizo que empezara a interesarse en política y comenzó su colaboración en prensa, en publicaciones como El Sol, además de convertirse en asidua del Ateneo.

Su inquietud profesional hizo que con 32 años retomara sus estudios de bachillerato, para licenciarse cuatro años después en Derecho. Muy activa en su desempeño dentro de la abogacía, en 1922 fue una de las fundadoras de la Sociedad Española de Abolicionismo e impartió en numerosas conferencias sobre la situación de la mujer, acudiendo a diversos congresos internacionales. En 1929 también participó en la creación de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas en París y un año después en la de Liga Femenina Española por la Paz.

Ferviente republicana, tras pasar por las filas de la azañista Acción Republicana, en 1931 se pasó a las filas del Partido Radical, que le aseguró un puesto en las listas a las Cortes Constituyentes. Elegida diputada por Madrid, participó en la redacción de la Constitución, en la que logró incluir la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el artículo 25. Sin embargo, aunque las mujeres podían ser electas, no tenían derecho a voto, lo que se convertiría en su gran objetivo, para lo que tuvo que enfrentarse a gran parte de la izquierda, que creía que unas mujeres manipuladas por la Iglesia darían el poder a la derecha, a las otras dos diputadas elegidas, Victoria Kent y Margarita Nelken, y a su propio partido. Tras una brillante defensa de su posición que ha pasado a la historia del parlamentarismo español, el 31 de octubre de 1931 su propuesta fue aprobada por el Congreso y ratificada en una segunda votación en diciembre por tan solo cuatro votos de diferencia.

Sin embargo, personalmente su victoria fue pírrica, ya que su propio partido la aisló y la izquierda la acusó de la victoria de las derechas en 1934. Ella continuó defendiendo propuestas que daban derechos a las mujeres, como la aprobación del divorcio, desde dentro del gobierno del radical Lerroux. Pero cuando este decidió coaligarse con la derechista CEDA abandonó su puesto, sin que fuera aceptada por los partidos del Frente Popular que no aceptaron su inclusión en las listas para las nuevas elecciones.

Campoamor escribió sobre esta situación de marginación en Mi pecado mortal (1936). Con el inicio de la Guerra Civil y tras publicar en París La révolution espagnole vue par une républicaine (1937), se vio obligada exiliarse en Lausana, donde contaba con el apoyo de la abogada Antoinette Quinche.

En 1938 se trasladó a Buenos Aires, donde permanecerá hasta 1955, ganándose la vida gracias a sus traducciones y sus colaboraciones con la prensa. También publicará algunos libros, como Heroísmo criollo (1939), sobre los exiliados españoles, y biografías sobre Concepción Arenal, Sor Juana Inés de la Cruz o Quevedo, mostrando una mayor actividad cultural que política.

Tras su regreso a Lausana, retomó su trabajo como abogada, que ejerció hasta que perdió la visión. Murió en 1972 sin poder regresar a España y sin que su vital papel en el avance de los derechos de las mujeres fuera valorado, situación que solo recientemente ha empezado a ser rectificada. Desde 2005, el Congreso otorga el Premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor a obras sobre la participación de las mujeres en la política. Diferentes homenajes en forma de sellos de correos, estatuas y calles bautizadas con su nombre y libros y películas en su honor certifican que finalmente está alcanzando el reconocimiento como uno de los personajes más importantes del siglo XX español.

(Servicio de Información Bibliográfica)