El acoso a la espiritualidad hispana: De los Decretos de Emergencia de 1558 a los primeros focos heréticos hispanos: El II Índice de Fernando de Valdés-Melchor Cano (1559)

Desde 1554, por Pragmática de Felipe II dada en Valladolid, la concesión de licencias de impresión quedaba definitivamente en manos del Consejo de Castilla, previo informe elaborado por un censor. El inquisidor Valdés decretará ese mismo año la censura general de Biblias y Nuevos Testamentos. Pero es en 1558 cuando, por Real Provisión dada en Bruselas el 7 septiembre, se prohíbe la impresión de libros sin licencia del Consejo Real, bajo pena de muerte y confiscación de bienes. Esta medida implica la prohibición expresa de introducir cualquier libro en castellano publicado fuera del Reino, obligando a los impresores a solicitar las pertinentes licencias al Consejo de Castilla, estableciendo asimismo un escrupuloso procedimiento de censura. Otra consecuencia del Decreto es la llamada apresurada a que los súbditos hispanos que estudiaban o enseñaban en el extranjero retornasen en menos de 4 meses -exceptuando aquellos destinados a los Colegios de Españoles de Bolonia, Roma, Nápoles y Coimbra.

A partir de entonces, representantes de la Inquisición llevarán a cabo visitas a los negocios tipográficos, así como a las bibliotecas universitarias y de congregaciones religiosas. De hecho, se anima a los obispos a que inspeccionen las bibliotecas de sus diócesis, y en la propia Universidad de Salamanca un grupo de su personal se encargará de examinar la biblioteca en busca de libros peligrosos. Pero lo cierto es que las “visitas” fueron escasas y espaciadas, y sólo en los grandes centros urbanos.

Durante un breve lapso de tiempo se habían estado otorgado por motivos de estudio dispensas para leer o tener libros prohibidos, pero todo cambiará tras los citados Decretos de Emergencia de 1558 y con el repentino descubrimiento de focos protestantes en Sevilla y en Valladolid -este último, el del Doctor Agustín de Cazalla, recreado en El Hereje de Miguel Delibes-. La alarma generada acelerará la publicación del nuevo y crucial Indice de libros prohibidos (1559) del inquisidor Fernando de Valdés y del dominico Melchor Cano -enemigo declarado éste de los jesuitas-, que será en realidad un nuevo corta-pega de otros índices existentes en otros países. El índice incluirá entre sus 700 títulos prohibidos todos los devocionarios en lenguas vernáculas -incluidos los manuscritos-, todos los libros publicados sin mención de autor ni editor, 14 títulos de Erasmo de Rotterdam, el Diálogo de Mercurio y Carón del erasmista Alfonso de Valdés, junto con otras obras del dramaturgo portugués Gil Vicente, de Hernando de Talavera -confesor de la Reina Isabel La Católica-, de Bartolomé Torres Naharro, de Juan del Enzina y de Jorge de Montemayor, así como El Lazarillo de Tormes y el Cancionero General compilado por Hernando del Castillo.  A este respecto es necesario traer a colación el descubrimiento casual en 1992 de una pequeña biblioteca heterodoxa emparedada en Barcarrota, la cual contenía una decena de libros prohibidos –entre ellos un Lazarillo y un Erasmo-.

Sendas ediciones de El Lazarillo de Tormes (1554) y El Cancionero General (1557) efectuadas por Martín Nucio en Amberes

En esta etapa la Inquisición hispana actúa contra numerosos escritores espirituales, como San Ignacio de Loyola -fundador de la Compañía de Jesús, y autor de unos Ejercicios espirituales-, San Francisco de Borja -el IV Duque de Gandía, que profesará también como jesuita, y que tendrá que vérselas con la Inquisición al serle atribuida una obra prohibida por Valdés: Las Obras del cristiano-, San Juan de Ávila -de ascendencia judía, predicador por Andalucía, y autor del compendio ascético Audi, filia-, Fray Luis de Granada -dominico, discípulo y amigo del anterior, y cuyos Libro de la oración y la meditación y Guía de pecadores serán también incluidos por Valdés en el Índice- y, sobre todo, el dilatado proceso contra el primado de Toledo Bartolomé de Carranza -su poder e influencia le habían granjeado las envidias y enemistades de los inquisidores del Índice, quienes le llevarán a ser procesado, primero en España, después en Roma-. En resumen, el citado Índice de Valdés-Cano constituía una reacción decidida contra los focos espirituales autóctonos y un intento por controlar ciertos aspectos de la creación literaria (Henry Kamen). La condena de obras propició la quema de libros, de acuerdo con la costumbre establecida antes por Tomás de Torquemada y Cisneros con los libros hebreos y granadinos, de cuya quema sólo exceptuaron los tratados médicos.

La quema de libros heréticos está arraigada desde la cruzada cátara -La prueba del fuego y Santo Domingo y los albigenses, de Pedro Berruguete, Galería on line del Museo del Prado-

Sin embargo, -y en opinión del hispanista británico Henry Kamen- el control de las importaciones de libros fue efectivo únicamente en Castilla, puesto que los Reinos de Aragón, Valencia y Navarra continuaban introduciendo libros extranjeros con más o menos libertad, que las imprentas foráneas seguían dominando el mercado editorial de obras religiosas, y que el intercambio de obras literarias jamás cesó. Los libros seguían trayéndose del extranjero en persona, siguiendo los canales comerciales, o a través de contactos y amistades. Además, buen número de los autores conseguía eludir la censura al arriesgarse a publicar sin licencia, o bien publicando en el extranjero en ciudades como Amberes, París, Lyon y Venecia.